Category: Europe, Spain

La independencia de la radiotelevisión pública de España en duda mientras el país se dirige a las urnas

Como parte del informe de misión del IPI, un experto independiente resume los desafíos para el sector audiovisual en España


El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, llega para una entrevista en TVE, Madrid, 10 de septiembre de 2012. REUTERS/Susana Vera

[Read this article in Opens internal link in current windowEnglish.]

Informe independiente sobre la misión internacional en España: Comunicación audiovisual pública y su regulación*

Stephen Whittle

Ex Director de Política Editorial de la BBC, experto en medios de comunicación para el Consejo de Europa

[NOTA: Este artículo supone el primer avance de una serie de capítulos que recogen las conclusiones de la misión de alto nivel a España dirigida por el IPI en junio de 2015 sobre la libertad de información. Todos los artículos de esta serie conformarán el informe del proyecto.

En este artículo, Stephen Whittle, miembro independiente de la misión y ex Director de Política Editorial en la BBC y experto en medios de comunicación para el Consejo de Europa, aborda la situación de la corporación radiotelevisiva pública española y de la regulación de la comunicación audiovisual en España.

Las principales observaciones de Whittle son:

— La preocupación por la politización de RTVE, la corporación radiotelevisiva pública de España, crece a medida que el país se adentra en un año crítico por las elecciones a nivel nacional, autonómico y local.

— Que el Gobierno de España haya modificado el proceso de nombramiento de los miembros del Consejo de Administración de RTVE crea un peligroso precedente que debería eliminarse.

— La visita de la misión internacional expuso fallos políticos evidentes que el Partido Popular, que gobierna actualmente, justificó diciendo que el cambio en el procedimiento era necesario en vista de la «información antigubernamental» de la corporación pública.

— El Gobierno debería implementar un organismo regulador independiente y específico para el sector audiovisual, de acuerdo al propósito original de la Ley General de la Comunicación Audiovisual de 2010.

— Es inusual que el Gobierno conceda licencias de televisión y su reciente decisión de concederlas en fechas tan cercanas a las elecciones nacionales puede ser problemática.]

Introducción

En abril de 2015, el corresponsal en Madrid del Financial Times informó sobre la situación actual de RTVE, la corporación radiotelevisiva pública de España. Su informe se alineó con las cuestiones que había planteado el IPI anteriormente.

«Durante más de 50 años, millones de españoles se han sentado cada noche a ver el Telediario, el informativo insignia del canal público de televisión TVE. Durante los últimos meses, no obstante, el canal no solo ha estado informando sobre noticias, sino que también las ha estado creando.

TVE y su telediario están acusados de favorecer abiertamente al Gobierno de Mariano Rajoy y al Partido Popular, actualmente en el Gobierno, a la vez que dejan de lado las voces de la oposición.

Los propios periodistas del canal están tan preocupados por las interferencias políticas, que este mes han enviado una delegación a Bruselas para plantear una queja formal al Parlamento Europeo. En un documento de siete páginas, describen a TVE como «un instrumento propagandístico al servicio del Gobierno» y detallan una serie de presuntos deslices y manipulaciones periodísticos.»

Su informe hizo foco en el peligro específico que estas presuntas interferencias suponían teniendo en cuenta que este año se celebrarán elecciones a nivel local, autonómico y nacional. También hizo referencia al presidente del Consejo de Informativos de TVE, el guardián de la ética interna: «“He estado 30 años en este canal y tengo que decir que nunca había sido tan malo”, dice Alejandro Caballero. Lo que queremos es un canal que esté al servicio del público. Lo que tenemos es un canal que es un instrumento del Gobierno, y lo está usando.»

Informe de la misión

Mientras el calor veraniego alcanza Madrid, la temperatura política también sube. El partido conservador que está en el Gobierno, el Partido Popular, se ha relanzado tras los fracasos en las recientes elecciones locales y autonómicas y ha incorporado caras nuevas. La clásica lucha a muerte entre dos partidos, el PP y el Partido Socialista (PSOE), se ha convertido en una carrera de cuatro caballos en la que cada contendiente ha obtenido sobre un 20% de votos. Como la mayoría de guerras, la primera víctima es la verdad, particularmente porque lo tradicional en España es que el ganador se lleve todo el botín, especialmente en lo referente a nombramientos de cargos públicos, entre otros.

Periodistas de todos los puntos del espectro político temen que la libertad de expresión de la que España ha disfrutado desde que fue consagrada en la Constitución tras la dictadura esté ahora amenazada, tanto abierta como encubiertamente.

El pasado mes de diciembre, el Instituto Internacional de la Prensa (IPI, por sus siglas en inglés) envió una delegación a España para averiguar los hechos. El informe de la misión remarca las preocupaciones sobre la independencia e imparcialidad en RTVE así como la falta de un organismo regulador independiente y específico para el sector audiovisual.

RTVE

Cuando se trata de la protección de la imparcialidad de los canales públicos y del papel de su regulación, hay una normativa europea, tanto del Consejo de Europa como de la Unión Europea, que hay que aplicar.

La misión más reciente del IPI pretendía persuadir a los partidos políticos de España de que era de su interés, así como del de los medios de comunicación y del público, que se asegurase que se cubriese las elecciones de forma rigurosa e imparcial, incluyendo todas las voces en la campaña.

Recientemente, el presidente de RTVE, recién nombrado, ha alardeado de su afiliación política al PP y ha supervisado un proceso a través del cual conocidos simpatizantes del Gobierno han sido incorporados a la sala de prensa y en la elaboración de artículos clave.

Su propio nombramiento se pudo llevar a cabo gracias a un decreto ley que cambió la ley y permitió que se pudiera incorporar a alguien al Consejo de Administración de RTVE con una mayoría parlamentaria simple en lugar de una mayoría cualificada. Esto sienta un precedente peligroso. Los decretos ley que invalidan leyes ya existentes deberían ser usados solo en casos de urgencia, no para alterar un principio fundamental del buen gobierno de la corporación pública.

El Comité de Ministros el Consejo de Europa lo dice así en su Declaración sobre gobernanza en los medios de comunicación de servicio público (febrero de 2012):

 12.         Que un sistema de gobierno funcione adecuadamente depende de varias condiciones. Estas condiciones incluyen los procesos a través de los cuales se asegura el apoyo de los accionistas, lo que incluye al Estado, la existencia de un nivel adecuado de independencia del gobierno u otros intereses privados y públicos y las garantías procesales que aseguran que las decisiones de los medios de comunicación públicos sean consistentes con su área de acción, se lleven a cabo adecuadamente y se implementen completamente. [énfasis propio]

La intencionalidad política tras la modificación estaba clara. De hecho, Rafael Hernando Fraile, el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, explicó a la misión del IPI que ese cambio se tuvo que llevar a cabo dado que la información que RTVE estaba proporcionando era «claramante en contra del Gobierno».

Cuando la misión se reunió con la comisión parlamentaria mixta que supervisa a la corporación pública, los fallos políticos estaban muy claros. La derecha niega que haya un problema o que la libertad de expresión esté bajo amenaza, la izquierda ve los mismos hechos pero extrae la conclusión opuesta.

En reuniones subsiguientes con los partidos, el PSOE dijo que, de vencer en las elecciones, recuperaría la anterior ley que regulaba el proceso de nombramiento y recomendaría los candidatos usando un sistema de convocatoria pública con un proceso de selección llevado a cabo por una comisión independiente antes de proponerlos al Congreso.

Desde el PP no surgió ningún compromiso parecido, aunque estuvieron de acuerdo con que podría ser beneficioso un intercambio de visitas entre RTVE y la BBC en el periodo anterior a las elecciones y compartir experiencias en la cobertura de campañas muy reñidas y en la preservación de la imparcialidad.

De nuevo, el Consejo de Europa alude a un principio clave:

47. Los medios de comunicación públicos ocupan una posición excepcionalmente privilegiada en el debate público y los procesos democráticos. Su independencia está muy preciada precisamente porque las expectaciones que los medios de comunicación reflejarán y promoverán en un debate público y abierto apoyarán objetivos democráticos mayores. Los medios de comunicación de servicio público tiene que tener la seguridad de que pueden pedir cuentas en nombre de la sociedad, a cuyos intereses se deben, sin interferencias políticas.

La radiodifusión pública necesita confianza. Parte de esa confianza proviene de la capacidad del canal de retratar el mundo de la forma más imparcial y rigurosa posible. Los canales deberían marcarse los más altos estándares de independencia e imparcialidad en la cobertura de noticias de actualidad. Las noticias tienen que ser merecedoras de confianza, incluso aunque sean incómodas: tienen que estar bien fundamentadas, ser fiables y no alterar nunca las argumentaciones de forma que se lleve al público a sacar conclusiones falsas. Un canal debería proporcionar el contexto y trasfondo necesarios para que se pueda comprender el significado de lo que se está explicando. Debería dirigirse de la misma manera a todos los partidos y hacer que sus políticas se difundan y cuestionen adecuadamente.

Por último, pero ni de lejos menos importante por ello, un canal tiene que rendir cuentas acerca de qué hace y cómo lo hace. Un canal público debe dar ejemplo sobre los asuntos de los que informa, cómo y por qué. También debería estar preparado para explicar y, cuando sea necesario, defender las decisiones que toma. También debería tener la valentía y la gracia de admitir los errores que se puedan haber cometido. Por ejemplo, sus guías editoriales deberían estar a disposición de todos, así como sus objetivos de resultados.

De nuevo, el Consejo de Europa se pronuncia sobre esto:

3. La misión principal de los medios de comunicación públicos es apoyar objetivos de interés general como son el progreso social, la concienciación pública de los procesos democráticos… Como una fuente importante de información imparcial y de opiniones políticas variadas, los medios de comunicación públicos deben permanecer ajenos a influencias económicas o políticas y conseguir un alto nivel editorial en cuanto a imparcialidad, objetividad y equidad.

Continuamos sugiriendo lo siguiente:

Los procesos de nombramientos del Presidente y del Consejo de Administración de RTVE deberían volver a ser los que se establecían en la Ley de la radio y la televisión de titularidad estatal de 2006 y deberían contar con el apoyo de una convocatoria pública y proceso de selección independientes.

— RTVE debería tener la obligación legal de proporcionar información imparcial y de cubrir las elecciones de la misma manera.

— RTVE debería cubrir de la misma manera a todos los partidos que se presentan a las elecciones y esa cobertura debería ser justa y equilibrada.

— RTVE debería formar parte de intercambios con otras corporaciones radiotelevisivas públicas en Europa.

— La guía editorial de RTVE debería estar a disposición del público.

— Se debería implementar un proceso transparente de quejas.

Regulación independiente

Nos preocupó saber que en Madrid se iba a conceder seis nuevas licencias de televisión digital en noviembre, justo antes de las elecciones nacionales. Es inusual que esas licencias sean concedidas directamente por el Gobierno, como se hace en España, en lugar de ser concedidas por un organismo regulador independiente y específico del sector. Es incluso más preocupante que la concesión esté vinculada tan claramente al calendario electoral y que deje al Gobierno la posibilidad de premiar a los propietarios de los medios de comunicación por su servicio político.

De nuevo, planteamos la cuestión de restaurar el artículo de la Opens external link in new windowLey General de la Comunicación Audiovisual de 2010 que preveía la creación de un organismo regulador, el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, que garantizaría:

a) El libre ejercicio de la comunicación audiovisual en materia de radio, televisión y servicios conexos e interactivos en las condiciones previstas en la presente Ley.

b) La plena eficacia de los derechos y obligaciones establecidos en esta Ley: en especial todo lo referente al menor.

c) La transparencia y el pluralismo del sector de los medios de comunicación audiovisual.

d) La independencia e imparcialidad del sector público estatal de radio, televisión y servicios conexos e interactivos, y el cumplimiento de la misión de servicio público que le sea encomendada.

Desafortunadamente, los partidos, tanto de derecha como de izquierda, también están divididos en cuanto a este tema.

Otros países europeos ven el valor de tener un organismo independiente y autónomo en este campo tan importante de la libertad de expresión y contenido que tenga la experiencia necesaria en el sector y que sea capaz de equilibrar la libertad de expresión y las cuestiones económicas y de pluralidad. Estos organismos pueden trabajar con flexibilidad y rapidez; tener credibilidad y estabilidad ya que están aislados de las influencias políticas del día a día; ser eficientes y efectivos; facilitar la participación pública y la transparencia; y reducir tanto las dudas como las interferencias políticas.

[Nota editorial: En estos momentos, el contenido lo regula la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el llamado «superregulador», que también es responsable de regular los sectores de la energía, las telecomunicaciones, los ferrocarriles, postal y aeroportuario. La Comisión se creó a través de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que oficialmente derogaba los artículos de la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2010 relacionados con el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales.]

Normativa europea

Las directivas de la Unión Europea tienen un valor jurídico superior en los 28 Estados miembros. A través de ellas, se requiere a los miembros que alcancen cierta meta sin establecer los medios para alcanzarla. En el campo de la comunicación audiovisual, la Opens external link in new windowdirectiva de servicios de comunicación audiovisual de 2010 es la disposición legal preferente.

La Directiva sugiere, pero no obliga, a los Estados miembros a que tengan reguladores independientes para el sector audiovisual. Esto es lo que se establece en el artículo 30:

«Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para intercambiar mutuamente y facilitar a la Comisión la información necesaria para la aplicación de la presente Directiva, (…) a través de sus organismos reguladores independientes.»

En marzo de 2013, la Comisión consultó si debería haber más claridad legal en la UE en lo referente a la función, organización, estatus, competencias y recursos de los organismos reguladores independientes en el contexto de la Directiva. Esto provino de dos significantes informes que habían sido elaborados para la Comisión.

El Grupo de Alto Nivel sobre Pluralismo y Libertad de Medios de Comunicación recomendó lo siguiente: «La creación de una red de autoridades regulatorias nacionales del sector audiovisual, a semejanza del creado para el sector de las comunicaciones electrónicas. Ayudaría si se compartiesen buenas prácticas y se estableciesen niveles de calidad. Todos los reguladores deberían ser independientes, con nombramientos transparentes y con un adecuado equilibrio de poderes.»

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior también emitió un informe que llamaba a «las Autoridades Regulatorias Nacionales a cooperar y coordinarse a nivel europeo en temas relacionados con la comunicación audiovisual, por ejemplo, estableciendo una Asociación Europea de Reguladores para los servicios audiovisuales, para armonizar el estatus de las Autoridades Nacionales Regulatorias previsto en los artículos 29 y 30 de la Directiva, lo que permitirá que sean independientes, imparciales y transparentes, tanto durante los procesos de toma de decisiones como en el ejercicio de sus poderes, así como durante los procesos de seguimiento, y concederles las capacidades sancionadoras adecuadas para asegurarse de que sus decisiones se implementan.»

El vicepresidente de la Comisión, Neelie Kroes, también subrayó la importancia de tener reguladores independientes y enfatizó la última contribución en la creación de la red regulatoria.

Recomendación

Continuamos sugiriendo que España siga en la línea de la versión original de la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2010 y cree un organismo regulador independiente.

 

*Este artículo refleja el punto de vista del autor como miembro independiente de la misión internacional.


Related News

no news in this list.